¿Cómo los cuerpos de seguridad violan los DDHH en operativos policiales?

Lo cuerpos de seguridad del Estado deben ser los primeros garantes de la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que cuando estos entran a las barriadas caraqueñas en operativos especiales, muchas veces no se cumplen los parámetros establecidos y se violan los Derechos Humanos.

Para habla de este tema, el equipo de Todos Ahora contactó al abogado Mario D’ Andrea, que junto a Defiende Venezuela, nos aclaró algunos puntos importantes.

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¿Cuál es el debido procedimiento legal que deben seguir los cuerpos de seguridad al momento de realizar estos operativos? ¿Son legales estos allanamientos?

«Pues si bien es legítimo el uso de la fuerza para resguardar la seguridad ciudadana. Dicha fuerza debe ser en el marco de la progresividad, necesidad y proporcionalidad. De hecho, los principios del uso de la fuerza imponen que siempre debe estar destinada al arresto y jamás a la ejecución de la persona.

No obstante, como sabemos, en Venezuela se ha documentado el uso de la fuerza excesiva de los agentes de seguridad y que esta no se ajusta a los estándares internacionales.

Respecto a los allanamientos, siempre siempre debe haber una orden judicial de un juez de control penal para ello. Por lo tanto, que los cuerpos de seguridad rompan puertas «buscando delincuentes» no es ajustado a derecho.

Pueden tocar y si los ciudadanos les abren pueden entrar, claramente. O en el medio de una persecución, ahí podrían entrar por la situación de flagrancia pero para arrestar al individuo no a registrar la vivienda, ni robar ni detener a nadie que habita allí», explicó D’Andrea.

¿Pueden ser estos operativos una fachada para que los cuerpos de seguridad comentan otros delitos como robos o violaciones?

«Si, perfectamente posible. Quizás estemos a las puertas de una nueva OLP. Lo hemos visto en otras oportunidades. Estas operaciones suelen ser para justificar medidas represivas».

Sobre la situación en Petare, el día de ayer dijo: «hay documentación de 12 delincuentes ejecutados. Pero no hay documentación de ningún funcionario herido. ¿Es sospechoso no? Que buenos pistoleros hay en los cuerpos de seguridad, que ni un rasguño sacaron».

¿Qué pasa cuándo mueren inocentes en esta situación?

Pues en la práctica los cuerpos de seguridad señalarán que fue un enfrentamiento, así en principio no se inicia una investigación por lo hechos.

No obstante, el deber ser es que se haga un análisis sobre si el uso de la fuerza fue progresivo, proporcional y necesario. Esto podría verse del análisis de los cuerpos de las personas ejecutadas por los agentes, ver donde fueron los disparos, la distancia, etc. Análisis forense serio.

¿Qué debería hacer el Estado para resguardar a los ciudadanos de esa zona?

«Muchas cosas. Vivimos en un país donde la ciudadanía le teme a la autoridad, no le respeta que no es lo mismo. Los venezolanos no confían en sus agentes de seguridad, sistema justicia, etc.

Hay que reconstruir las policías, especialmente el CICPC para que lleve a cabo investigaciones serias, los tribunales y el Ministerio Público (MP) para que la impunidad cese.

A partir de ahí, tomar políticas públicas con enfoque de género e interseccional, para poder abordar adecuadamente la situación de mujeres, niñas y niños, jóvenes y adultos mayores en general, etc.

Esto permitiría que la educación y el trabajo vuelvan a ser mecanismos de movilidad social ascendente y los jóvenes pierdan o cambien su percepción a formar parte de una banda para ganar respeto y vivir dignamente».

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¿Hasta qué punto las bajas en estos operativos son justificadas? ¿Pueden los cuerpos de seguridad tener órdenes de matar? ¿Estos delincuentes no tienen derecho al debido proceso?

«Nunca una muerte es justificada. Siquiera en un intercambio de fuego porque como señalé el uso de la fuerza es progresivo, necesario y proporcional, de lo contrario debería haber investigación de los hechos.

Venezuela tiene varios casos ante la CIDH y la corte Interamericana por el uso excesivo de la fuerza.

También, no puedo afirmar que tienen esas órdenes, las de matar, pero sin duda los agentes saben que no hay consecuencia alguna por sus actos y por ello tienen carta abierta debido a la tolerancia del estado y sus instituciones al abuso de los derechos humanos.

Cuando se comenta que las comunicaciones son bloqueadas en este contexto, ¿constituye esto una violación a los Derechos Humanos?

Si, especialmente en el marco del estado de alarma donde se señala constitucional y legalmente que hay prohibición del Estado en limitar el derecho a la comunión e información».

Si consideramos las características de una zona como Petare. ¿El Estado debería ser garante de la protección de los posibles heridos, de su traslado y de su atención médica? ¿Se podría decir que colocan a las personas en esta situación y los dejan morir?

«El Estado es el garante siempre. Independientemente de si es petare o La Lagunita.

El estado tiene dos obligaciones, respeto y garantía. Respeto implica que se abstenga de violar las libertades y los derechos, y la garantía implica que organice y adecúe todo el aparato estatal para que cada institución y cada funcionario respete los derechos y libertades.

En ese sentido, siempre tiene la obligación de respetar y garantizar la vida, la salud, la libertad y el respetar el debido proceso».

¿En qué organismos pueden las personas denunciar abusos por los cuerpos de seguridad en estos operativos?

Pues a nivel nacional sería el MP o la defensoría del pueblo. A nivel internacional pueden acudir a nosotros, Defiende Venezuela, debido a que el enfoque de nuestra organización es la documentación y denuncia de violaciones de Derechos Humanos ante los organismos de protección internacional, sea la comisión Interamericana o las Naciones Unidas».

De ser real la muerte del basquetbolista en Petare ¿Cuál debería ser el proceso judicial para los cuerpos de seguridad?

Pues repito. Debería analizarse si el uso de la fuerza fue progresivo, proporcional y necesario. Sino lo fue, inmediatamente el Ministerio Público debería abrir una investigación por el homicidio de este joven jugador a manos de los cuerpos de seguridad.

En caso que no se abra o haya un retraso injustificado en las investigaciones, los familiares podrían acudir a los organismos internacionales de protección y nosotros, analizando el caso, posiblemente podríamos ayudarlos a llevarlo adecuadamente.