Crisis en Venezuela presentó su boletín 150: la realidad en el inicio de septiembre

En su edición aniversario, Crisis en Venezuela presentó su boletín 150 correspondiente a la semana del 7 al 14 de septiembre de 2020.

Su principal enfoque fue la pandemia de la COVID-19, así como su impacto en los diferentes sectores del país.

Ahora es noticia: Provea: 1.611 personas fueron asesinadas por policías y militares de enero a junio de 2020

Boletín 150: pandemia y la acción política

Por un lado, Acceso a la Justicia denunció que la COVID-19 en Venezuela es “la excusa perfecta para reforzar el control policial y militar del régimen de Maduro”.

Pues, esta ONG aseguró que “las restricciones impuestas bajo el Estado de Alarma… están siendo aprovechadas por la administración de Nicolás Maduro para reforzar su control, al tiempo que impedir a sus adversarios movilizarse y organizarse”.

Por otro lado, CEPAZ explicó que “en medio del colapso y la persecución, Venezuela resiste a la COVID-19”. Todo esto, ya que no solo los servicios básicos son escasos sino que “la crisis económica y alimentaria imposibilita el cumplimiento de una cuarentena obligatoria. Ya que al menos 87,5% de la población no cuenta con ningún ahorro o ingresos y por tanto debe regularmente salir a buscar sustento para sus hogares”.

Seguidamente, Bloque Constitucional expuso que “la crisis por pandemia COVID-19 es pretexto para intensificar la violación de los derechos de los venezolanos”.

Según esta ONG, ante la pandemia el régimen dicta el Estado de Alarma “para asegurarse que tendría a toda la población aún más sometida, vigilada, escrutada, arrinconada, con absoluto control de sus actos. Ya ni trabajo ni salud ni educación, mucho menos información, serían derechos salvaguardados, sino ahora más reprimidos y vulnerados”.

Defiende Venezuela también entró en el boletín 150 de Crisis de Venezuela. Así pues, señalaron que “la administración de Maduro no cumple su propio decreto de estado de alarma”.

Esto, ya que “han ocurrido detenciones… y los cuerpos de seguridad equivocadamente han interpretado el incumplimiento de las medidas adoptadas en el marco del decreto de estado de alarma como delitos cometidos en situación de flagrancia”.

Derechos humanos y vulnerabilidad

En la misma línea, Acción Solidaria enfatizó que “el manejo de la COVID-19 en Venezuela profundizó la Emergencia Humanitaria Compleja”. Pues, a su criterio “con la aparición de los primeros casos, el manejo de la emergencia por el coronavirus por el régimen de Nicolás Maduro ha sido irregular”.

Esto ya que “las cifras anunciadas día a día presentan inconsistencias, no hay claridad sobre el número de pruebas que se realizan, no se ha querido descentralizar la aplicación de pruebas PCR y la falta de insumos y equipos de protección personal para el personal de salud ha ocasionado un porcentaje mayor de contagios y muertes para este sector en comparación con otros países de la región”.

Asimismo, el boletín 150 destacó a la ONG Foro Penal. Esta, resaltó que en Venezuela se vive “la dinámica de la represión en contravención al acceso a la justicia”.

De esta manera, denunciaron que “nuestra Constitución con los principios, derechos y garantías nos protege aun estando en circunstancias adversa. Sin embargo, se han visto interrumpidos, suspendidos o limitados con el decreto de estado de alarma ordenado por Nicolás Maduro producto de la pandemia. Un decreto que ha sido cuestionado por no cumplir con los requisitos en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción”.

En cuanto al área de la salud, Transparencia Venezuela aseguró que “la pandemia evidenció las deficiencias del sistema de salud y profundizó los riesgos de corrupción”.

Todo, porque la COVID-19 “puso a Venezuela en una situación particularmente más delicada que la vivida en otros países de la región. Por las profundas deficiencias preexistentes en el sistema de salud pública nacional, ocasionadas, entre otras cosas, por el desfalco de los recursos destinados por el Estado a la construcción o reparación de centros de atención, adquisición de equipos médicos y dotación de medicinas”.

Pobreza y afectación

Sobre estos temas se pronunciaron dos ONG. Por una parte, Provea señaló que ahora los pobres son más pobres. Esto, porque el virus “llegó para profundizar las desigualdades que ya existían en la sociedad venezolana y para agudizar la Emergencia Humanitaria Compleja”.

Asimismo, indicaron que “al 24 de agosto de 2020 el salario mínimo en el país equivalía a 1,3 dólares. Si a eso le sumamos el bono de alimentación el cual es igual a bolívares 400.000 el total del ingreso mensual es de solo 2,6 dólares. La canasta alimentaria conformada por once rubros es equivale a 269 dólares. En tal sentido, con tales ingresos no se cubre ni siquiera el 1% de la canasta”.

Ahora bien, Un Mundo Sin Mordaza se pronunció sobre la diáspora venezolana. Esta ONG realizó una encuesta a venezolanos en el extranjero y los resultados de la misma fueron desalentadores.

“El 77,1% de los encuestados no cuenta con empleo, de los cuales 41,1% quedaron sin trabajo debido a la pandemia y 17,2% que aun cuando mantienen su empleo no perciben salario. A su vez, producto de la falta de ingresos, 69,2% de los encuestados considera difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación. Se encontró que los países en los que la migración venezolana está más afectada son los que tiene mayor presencia de venezolanos. Tales como Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú y España”, explicó Sin Mordaza.

Universidad e información

Finalmente, en cuanto a estos dos puntos hablaron dos organizaciones en este boletín 150.

En primer lugar, Espacio Público habló sobre “el virus de la desinformación”. Pues, “desde enero, cuando se dio a conocer la existencia del virus, comenzó a circular información difusa y rumores. Principalmente a través de internet, sobre los síntomas, las formas de contagio, mecanismos de prevención y la tasa de mortalidad del virus, generando gran desinformación al respecto”.

Sin embargo, destacaron que “en el caso venezolano, esta situación se ha visto acentuada por las amenazas, detenciones y restricciones indirectas impuestas desde el gobierno nacional. Lo cual, lejos de disipar los rumores y generar certezas, incrementan la incertidumbre ante la poca información oficial”.

Finalmente, RedUni denunció que las universidades viven un momento difícil. Esto, porque “están sacudidas por un comportamiento económico inestable, empeorado por la pandemia de la COVID-19. El modelo de universidad rentista y paternal, dependiente del Estado, está agotado”.

Por ello, esta ONG presentó una propuesta para lograr “la búsqueda de alternativas para comprender la realidad que envuelve a la universidad. Esto, en su capacidad de superar el desequilibrio de los últimos 20 años y avanzar en su recuperación”.

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