Coalición Anticorrupción hizo denuncia pública por el caso de Eva Leal

600 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, y más de 40 del estado Táchira, exigieron en denuncia pública sanciones e implementación de sistemas anticorrupción ante los abusos y violaciones a los derechos humanos. Mismos cometidos por parte de funcionarios de seguridad hacia los ciudadanos.

El cobro de una multa extraoficial desde una agente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un punto de control en el estado Lara, colocó en evidencia las presuntas prácticas de corrupción cometidas por algunos funcionarios y las violaciones a los derechos humanos en su actuación.

Ahora es Noticia: Eva Leal habló públicamente un día después de su liberación

Sobre la denuncia pública

La coalición conformada por organizaciones de todo el país, estableció cinco irregularidades en dicho caso. El cobro de una multa en efectivo, establecida desde criterios discrecionales y subjetivos. Esto, atentando contra el ordenamiento jurídico vigente que establece que ningún funcionario puede exigir y cobrar dinero en efectivo en la vía pública. La exigencia del pago a una cuenta personal, lo que constituyó una arbitrariedad, porque toda multa debe ir a las arcas del tesoro nacional.

Más grave aún, son las violaciones físicas contra la integridad de un ciudadano. Quien simplemente decidió grabar las arbitrariedades y posibles prácticas corruptas de los agentes de seguridad. Al momento de la grabación, la agente con cargo de teniente, agredió a la abogada y la lanzo contra el pavimento en la vía.

Siguen las violaciones a la ley

Esta lamentable situación, que contrasta las debilidades institucionales de nuestro país y la vulnerabilidad alarmante de los ciudadanos, puede catalogarse dentro de la definición de trato cruel y violación al artículo 5 de la declaración universal de los derechos humanos. Además, de la violación al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Que establece que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles.

La detención arbitraria y la presentación a un órgano de justicia militar, de acuerdo a la información proporcionada por la abogada, es una detención arbitraria que viola el derecho humano a la libertad. Que está consagrado en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ante los evidentes hechos de corrupción e irregularidades la denuncia pública exigió la libertad plena para la abogada Eva Leal, la investigación de los presuntos hechos de corrupción mencionados y la investigación dentro de los componentes militares junto a la implementación de sistemas anticorrupción. Firmando una gran diversidad de organizaciones en todo el país que apuestan por una Venezuela íntegra.

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