En el boletín número 156 emitido por la ONG Crisis en Venezuela, destacaron las distintas organizaciones que han rechazado de forma contundente las elecciones parlamentarias propuestas por el régimen de Maduro.
En el mismo sentido señalan cómo la pandemia recrudece y afecta la seguridad alimentaria y el sistema de salud venezolano.
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Parlamentarias a la medida de Maduro
Las elecciones parlamentarias pautadas para el 6 de diciembre están diseñadas para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro. También para perjudicar a sus adversarios. Así lo denunció Acceso a la Justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A este organismo se le remitió un informe que explica las implicaciones de los cambios que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han hecho al sistem electoral
venezolano en los últimos meses.
OEA rechaza elecciones parlamentarias en Venezuela
El 21 de octubre pasado fue aprobada la resolución de la OEA mediante la cual se deja establecido su desconocimiento a la convocatoria electoral que el régimen ha preparado para el 6 de diciembre de 2020. Dispuso que para que esa organización reconozca unas elecciones a la Asamblea Nacional “dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad
y transparencia. Garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía. La liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”.
La crisis color rosa: cáncer de mama durante la Emergencia Humanitaria Compleja
En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) notificó la resolución 68/2020 contentiva de medidas de protección para 12 mujeres venezolanas con este tipo de cáncer.
Los peticionarios de las medidas cautelares (Cepaz, Funcamama, Senos Ayuda, Prepara Familia, Acción
Solidaria y Edward Pérez) alertaron sobre las vulneraciones a los derechos a la salud, integridad personal y el riesgo inminente de violación del derecho a la vida de estas mujeres, principalmente por la falta de acceso a medicamentos para atender su condición oncológica. Al respecto, la Comisión instó al Estado venezolano a proteger estos
derechos y facilitar a las beneficiarias a su tratamiento, así como exámenes especializados de seguimiento.
La pandemia amenaza con disparar indicadores de inseguridad alimentaria en Venezuela
En la actual realidad económica, política y social de
Venezuela las disposiciones normativas alimentarias han resultado letra muerta. El desarrollo de la Misión Alimentación, programa social ideado y ejecutado durante el gobierno de Hugo Chávez, y el despilfarro de más de 160.000 toneladas de alimentos vencidos en Puerto Cabello, estado Carabobo, fueron el inicio del patrón de Gran Corrupción y la sistemática vulneración de derechos en materia de seguridad y soberanía alimentaria que estaban por venir. En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, generada entre otras cosas por la Gran Corrupción, la alimentación junto con el acceso a la salud han sido los derechos más comprometidos. La población venezolana que estaba ya en situación de fragilidad se encuentra ahora más vulnerable. La propagación de la pandemia del covid-19 y el impacto de las medidas tomadas por las autoridades amenazan con
disparar los alarmantes indicadores de inseguridad
alimentaria en el país.
