#SalvemosALasONG

A principios de esta semana, diversas organizaciones suscribieron un comunicado e iniciaron una campaña en redes sociales a través del HT #SalvemosALasONG, en rechazo a la providencia dictada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento, y publicada en Gaceta Oficial 42.098. En dicho documento, se refleja que estas asociaciones deben registrarse en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, dando detalles sobre los organismos nacionales o extranjeros de los cuales reciben sus recursos, además de especificar los socios con los que realizan sus actividades y entregar un listado donde se identifique a las personas beneficiadas por sus programas sociales.

ONG

Una práctica sistemática

Ante esto, organizaciones como Espacio Público, Prove, FundaRedes, entre otras, se sumaron al comunicado antes mencionado, debido a que es una escala en la persecución del régimen hacia las instituciones que luchan por la protección y defensa de los derechos humanos en el país. Esto no es de sorprender debido a que se han dado pasos para avanzar en este hostigamiento, no solo persiguiendo a las caras más visibles de las asociaciones, allanando sus sedes y cercando su margen de maniobra en las comunidades vulnerables mediante el crimen organizado, sino también generando mecanismos de obstaculización a las ONG internacionales que deseen laborar en el país mediante un “Registro Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas” en el año 2020.

Posteriormente, la oficina de la ONU en Venezuela a principios del 2021, suspendió de manera temporal programa de transferencias monetarias correspondientes al Plan de Respuesta Humanitaria implementado en Venezuela, debido a la poca claridad dentro del marco regulatorio del país sobre este aspecto, según reseña TalCual, luego de que muchas organizaciones se vieran acusadas por el Ejecutivo y sus voceros por la procedencia y manejo de sus recursos monetarios e incluso algunos fuesen detenidos por esta situación.

Ante un primer cuatrimestre marcado por la persecución, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet y varios portavoces del CDH se han pronunciado en contra de estos hechos, incluso indicando que su oficina ha documentado al menos 66 casos de hostigamiento a activistas y defensores de DD. HH., además la expresidenta desde el 2019 ha dejado claro que esta es una práctica del régimen para cercenar el espacio cívico.

En la resolución 53/144 de la Asamblea General de la ONU en su artículo 14 establece que “El Estado garantizará y apoyará, cuando corresponda, la creación y el desarrollo de otras instituciones nacionales independientes destinadas a la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción”, por lo cual según este documento, el Ejecutivo no debe crear instrumentos para criminalizar la labor de las ONG, sino que debe procurar su desarrollo de las mismas para la protección, promoción y defensa de los DD. HH. de manera independiente, pero en realidad la práctica del madurismo está basándose en robustecer su acción contra las organizaciones.

El principio de la presunción de inocencia en la Gaceta Oficial es violado, como lo expresa el comunicado respaldado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil, además según este pronunciamiento, a través de este control, la oficina encargada puede certificar las organizaciones que estén libres de delitos en tanto se registren y cumplan con los requisitos solicitados, lo cual es ajeno a los estándares internacionales por la resolución antes mencionada y debido a que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mediante el Grupo de Acción Financiera Internacional, busca garantizar las libertades fundamentales, no restringirlas y violarlas como lo hace este nuevo instrumento de control.

Por lo que, es posible ver que el régimen está encaminado a edificar su propia participación y activismo ciudadano, entallado según su preferencia, así como lo hizo con la falsa oposición que construyó mediante la fraudulenta Asamblea Nacional. El fin de todo este proceso es hacer del campo de las iniciativas de la sociedad civil su plaza y casta, en la que solo dejarán entrar a los que se sucumban a su ideología y mandato, como lo hacen los regímenes autoritarios y totalitarios.

Finalmente, considero inaceptable que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos no se haya pronunciado ante esta providencia, debido a que sigue siendo una violación a las resoluciones contempladas en el sistema de Naciones Unidas y un golpe hacia las organizaciones que precisamente denuncian las prácticas indebidas del Estado y le proveen información que esta expone ante la Comunidad Internacional. Por lo que es imprescindible, si las Naciones Unidas quiere preservar sus objetivos de cara a su agenda para el 2030 en Venezuela, ejecutar acciones en para que este acoso del Gobierno cese, debido a que de no ser así ya no tendrán socios con los cuales implementar sus objetivos. Adicionalmente, el rol de actores de presión e influencia las ONG hacia los Estados, será aniquilado dejando a un país desprovisto de alternativas y a una Comunidad Internacional a ciegas y sin margen de maniobra en el país, por lo que se habrá perdido el derecho de la Sociedad Civil Organizada a no obedecer los hechos que promuevan las violaciones a sus derechos fundamentales y la responsabilidad de la Comunidad Internacional de solucionar conflictos y promover los DD. HH. será intangible.

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