Se pretende una sociedad civil cercada y vigilada

El rescate por la democracia, el trabajo social comprometido, con impacto para gestionar, atender y resolver las carencias sociales, y problemáticas de la realidad venezolana; es un asunto asumido como objetivo y fin, por las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, a quienes de ahora y en adelante el régimen pretende cercar, vigilar y confrontar como medida autoritaria para custodiar el trabajo que realizan en el país.

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Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el mundo

Las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, han existido desde hace casi un siglo en el mundo entero, muchas con labores altamente loables. Como por ejemplo, la Cruz Roja, que cuenta con gran importancia y reconocimiento por su trabajo humanitario internacional.

Gracias a su existencia es que se articula mucho del trabajo, ideas y acción de los individuos, para fines principalmente positivos. Son las defensoras por excelencia de los derechos humanos y los grupos vulnerables; generando presiones ante los gobiernos, quienes por ello diseñan, planean e implementan políticas públicas para resolver los asuntos reclamados.

En América Latina, ha sido central y siempre necesaria su actuación. Principalmente en las últimas décadas donde trabajaron en medio de gobiernos dictatoriales y autoritarios; para enfrentarlos y sobre todo asistir a la población en sus carencias.

En Venezuela estas organizaciones son y serán el aliado necesario para la democracia

En el caso venezolano han tenido la obligación ciudadana de actuar, especialmente en el contexto de emergencia humanitaria compleja que se atraviesa. Donde se violan y vulneran los derechos de los venezolanos, en lo social, político, económico, cultural y educativo.

Las ONG desde su génesis se dedicaron a atender las fallas tenidas por el Estado; y muy especialmente a registrar y visibilizar para el mundo y nuestra propia memoria histórica lo que aquí sucede.

Gracias a la asistencia que prestan se convirtieron en mitigadoras de los efectos de esta aguda crisis; al aliviar el sufrimiento de los venezolanos, representar su identidad y derechos e incluso salvar vidas. Un espacio claro de lucha por los principios democráticos.

Por lo que su actuación es nacional e internacionalmente reconocida; el ordenamiento jurídico venezolano, específicamente la Constitución en su artículo 326, establece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil en la promoción progresiva de los derechos humanos.

Al régimen no le gusta la competencia

Sin embargo, a pesar de su necesaria existencia y trabajo reconocido, al régimen de Nicolás Maduro le comenzó a estorbar su presencia, le incomodan sus denuncias que ponen en evidencia la falta de buen gobierno, la ausencia de democracia y en general su ineficacia. Por lo que inició las labores necesarias para reprimir y vigilar a este espacio cívico; con la intención de impedir que se organice, desarrolle y actué de forma libre e independiente.

La providencia

Y lo hizo a través de la providencia número 001-2021 dictada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento, la cual implementa un control jurídico sobre las organizaciones civiles y sin fines de lucro. Que entro en vigencia desde el mismo momento que publicada en Gaceta Oficial 42.098 el pasado 30 de marzo.

Cuyo fin primario es crear un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Siendo los “sujetos” todas las personas naturales y jurídicas, cuya actividad no se encuentre regulada por ley especial o que no estén sometidos a ningún órgano o ente de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia. Sea este el caso de las ONG, aunque ya estas contaban con controles por diversos órganos públicos.

Se les exige en dicho registro declarar y consignar su acta constitutiva, estatutos, un listado de las organizaciones o entes, nacionales o extranjeros de los cuales perciba aportaciones, donaciones o dádivas e identificación de los beneficiarios.

Actos todos que claramente están destinados a vigilar y sancionar a las ONG que promuevan acciones en contra del régimen, que luchen o se declaren en algún sentido en apoyo a las personas vulnerables por su negligente gestión. Es clara la intención originalmente negativa; al asumir que estas necesitan estar adscritas a un órgano que regula la delincuencia organizada, cuando por el contrario puede simplemente crearse legislación ordinaria para regularlas.

Por lo que como es de esperar las diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su negativa a registrarse y la exigencia de que se elimine dicha providencia; más de 600 de ellas durante esta semana exigieron su derogación inmediata y el cese de las políticas de criminalización y persecución; bajo el #SalvemosalasONG, se movilizaron en redes sociales, y expresaron su descontento. Porque este proceso viola el derecho humano a la libertad de asociación y la presunción de inocencia.

Firmes en su ataque contra las ONG…

Sin embargo, el régimen hasta ahora es firme en su ataque, y sugiere de forma grosera y autoritaria que aquellas que no se registren, pueden bien dejar de trabajar o saber que serán sancionadas; porque no admitirán “financiamiento terrorista en Venezuela”.

¿Pero a qué llama financiamiento terrorista? De seguro al apoyo que organizaciones internacionales y países que desconocen su mandato en Venezuela, brindan a las organizaciones de la sociedad civil que aquí hacen vida; como una medida de mantener a salvo a la población y en contacto con la realidad democrática del mundo.

Siendo así este momento es solo un aumento en la escalada de este gobierno para aislar más a los venezolanos, ahogarlos en la miseria e impedir que aquellos que pueden asistirnos no actúen. Y ante esto la población en general debe estar consciente de que se necesita su respaldo en la acción de estas organizaciones y sus activistas; el trabajo debe ser necesariamente conjunto sí se espera seguir contado en el futuro con un espacio cívico público, independiente y libre.

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