Persecución, amenazas, hostigamientos y detenciones como una práctica de Estado

La semana pasada fue detenido en el estado Falcón junto a dos miembros de su equipo Javier Tarazona director general de la organización FundaRedes. Tras ser víctima en reiteradas ocasiones de amenazas por cuerpos de seguridad del Estado y por actores no estatales que forman parte de los grupos irregulares que hacen vida en el país debido a que ha trabajado durante años como defensor de derechos humanos, desarrollando dentro de su labor informes que exponen la situación delicada que viven las zonas fronterizas del país, al final, el régimen se ha comportado como un criminal y lo ha desaparecido de manera forzosa y posteriormente le ha imputado los cargos de “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”. 

¿Por qué sucede esto? 

A parte de la política de Estado de persecución, amedrentamiento, amenaza y destrucción hacia loas organizaciones de la sociedad civil y sus miembros, hay elementos que hacen a Tarazona un actor incómodo y peligroso para los que hoy detentan el poder. Esos elementos son que el director de esta organización ha denunciado la presencia de grupos irregulares en el país y sus dinámicas desde hace años, pero desde que el conflicto en Apure se desató, este defensor ha sido la fuente principal de denuncia y visibilización de la problemática, además de que ha estado desarrollando trabajos relativos a las redes de crimen organizado alrededor del país, lo cual intensificó las amenazas. 

Lea también: Clima electoral = Fragmentación del PSUV y el regreso de la MUD

Para ser exactos, la gota de derramó el vaso fue la entrega de una foto ante la fiscalía del estado Falcón en la que Rodríguez Chacín ex gobernador del estado Guárico y ex ministro de Interior y Justicia se encontraba reunido con jefes del ELN. Además, hay acciones internacionales que también colocaron al régimen en una posición incómoda y pudo llevarlos a esta decisión, primeramente, el rechazo de la solicitud de impugnación de la investigación de la CPI al gobierno, esto indica que continuarán las investigaciones para una posible apertura de un juicio y la otra acción fue la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela. 

Pronunciamientos sobre este tema

La iglesia se ha pronunciado con respecto a esta detención, solicitando la liberación de estos líderes, una acción bastante importante de parte de los obispos, ya que el poder eclesiástico sigue teniendo peso en las relaciones internacionales y el gabinete de Maduro procura mantener vínculos estables con este actor. 

En la presentación de este informe el día 05 de Julio, Bachelet calificó como “un ejemplo preocupante” la detención de estos tres ciudadanos, en su reporte, aunque afirmó que existen ciertos avances en la reforma de los cuerpos policiales, la persecución contra el espacio cívico y sus activistas continúa. A esto el gobierno venezolano respondió que el contenido de este informe es “falaz” y se encuentra condicionado por el injerencismo de un bloque de países, pero que aún está dispuesto a cooperar con la oficina del ACNUDH según relata el portal de noticias “www.wtva.com”. 

Aunque quiero creer en la efectividad del sistema de Naciones Unidas y aplaudo la labor que esta desarrollando el ACNUDH y la misión independiente de verificación de hechos, la cooperación con el régimen venezolano solo está dándole oxígeno y espacio a mayor persecución y hostigamiento, convirtiendo esto en una política de Estado ante quienes exponen la realidad del país como cualquier red de delincuentes que elimina a quienes no juegan a su favor, pero en este caso cuentan con el sistema Estatal que les facilita la labor, así como se está asentando del terrorismo que pasa a gobernar en territorios del país, moviendo los hilos del poder. 

Lamentablemente, las acciones de neta cooperación llevarán a violar los DD.HH hasta el punto en el que no haya conocimiento de cual es la situación real en el país, por esto es necesario pasar de la mera cooperación a la presión cooperativa enmarcada en la acción de parte de los organismos internacionales para que por fin detengan el crimen organizado y la criminalización de la verdad antes de que el gobierno aniquile las pocas fuentes y aliados que tienen los organismos multilaterales para la consecución de sus objetivos y su mandato.