Más allá de las posturas sobre la pertinencia política o la legalidad de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen, hay un hecho notorio, este año a través de un proceso que dista de lo establecido tanto en la Carta Magna como en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el régimen le arrebatará la Asamblea Nacional a la oposición, siendo una pérdida. Si se llevan a cabo las elecciones del 6 de diciembre, finalmente, el régimen habrá consumado su plan de monopolizar la totalidad de los poderes públicos.
Ante el previsible escenario de unas elecciones con pocas condiciones, las fuerzas opositoras quedarían sin la institución que, al menos simbólicamente, les había permitido agruparse en un solo espacio e iniciar una presión importante contra el régimen.
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Desde enero de 2016 se vio como las respectivas comisiones de contraloría citaban a funcionarios del gobierno, también hubo un incremento, ya institucionalizado, de denuncias que visibilizaban la afectación a los DDHH y al estado de derecho en Venezuela, por último, ser mayoría en el parlamento le permitió a la oposición coordinar un apoyo internacional sin precedente, que sustentado en la legitimad constitucional del parlamento venezolano, la comunidad internacional incrementó la presión internacional hacía el régimen y coadyuvó al nombramiento de Guaidó como interino.
Una previsible pérdida del parlamento
Ahora con la previsible pérdida del parlamento, a partir del 5 de enero del próximo año, no existirá la categoría de diputados y mucho menos la inmunidad parlamentaria, tan violentada en los últimos cuatro años. Con todo ello, el régimen intentará desplazar definitivamente a la oposición de la opinión pública nacional e incrementará la persecución en contra de los diputados.

Desde hoy las fuerzas opositoras deben iniciar una Cruzada de Unidad Nacional, este plan debería tener tres fases, la primera sería la conformación de una gran fuerza nacional que constaría de la agrupación de todos los sectores políticos, no gubernamentales, empresariales, sindicales, comerciales, eclesiásticos, académicos, financieros, etc. que hacen vida en Venezuela, y también todas aquellas organizaciones de venezolanos que desde el exterior han realizado importantes aportes a la causa democrática; la segunda fase sería la fijación de una estrategia de lucha común, no basta con que sectores de la vida social, política y económica se sumen sino que tiene que haber una acción coordinada y que apunte a objetivos aceptados por todos; la tercera fase correspondería a la puesta en marcha de una campaña de concientización masiva que empodere a la ciudadanía; mientras que la cuarta fase sería la consolidación del respaldo internacional, esto significaría mostrarle a la comunidad internacional que la mayoría de los venezolanos que están dentro de su país luchan sistemática y coherentemente por un cambio democrático, ello le daría más credibilidad y fuerza a los apoyos del exterior.
Sobre la comunidad internacional se debe subrayar que la estrategia de la presión internacional y de las sanciones selectivas son necesarias para la transición política, sin embargo, no bastan por sí solas para hacer efectiva la redemocratización del sistema político, hace falta que las fuerzas democráticas en lo interno presión al régimen de tal forma que acompañen esa presión que viene desde el exterior. En tal sentido, con la Cruzada de Unidad Nacional se amplificarían las capacidades de la sociedad para desde diferentes espacios, como: la calle, la empresa, la escuela, la universidad, los hospitales, pueda hacerse una presión importante.

Cabe acotar que la posible pérdida del parlamento obliga a la invención de nuevas formas de lucha y resistencia civil por parte de la oposición, reto titánico ante la sistemática persecución que han padecido las fuerzas democráticas, sin embargo, hay que adaptarse a esta nueva realidad político – social y entender que ya no se podrá tener el parlamente como espacio de lucha y habrá que crear nuevos espacios.