¿La crisis por la COVID-19 acelerará las privatizaciones en Venezuela?

Venezuela está próxima a cumplir dos meses desde el descubrimiento del primer caso de la COVID-19. Aunque la pandemia no ha tenido graves incidencias a nivel de salud en el país, el impacto de los confinamientos y las medidas de cuarentena social si generan un efecto demoledor en la economía. Pues, complican las frágiles aperturas que veníamos observando en el último año.

El 13 de marzo se dio a conocer la existencia en Venezuela del primer caso de coronavirus, procediendo casi de forma inmediata con las medidas de confinamiento y cuarentenas. En algunos estados dichas medidas fueron bastante estrictas desde el mismo momento del anuncio. Pero, casi dos meses después, un escenario de tantas restricciones a la circulación y el trabajo luce insostenible ante la dramática situación en la que se encuentran la mayoría de las familias, sin ahorros ni ingresos corrientes.

Ahora es noticia: Encuesta Nacional sobre el Impacto de la COVID-19 tiene nuevos resultados

La limitada capacidad de la administración de Maduro para tomar medidas de estímulo fiscal o que signifiquen un ahorro para los venezolanos, pasa por contar con el sector privado como base de la recuperación ante la inexistente capacidad del gobierno de apoyar con medidas sustanciales. Como, por ejemplo, incrementos del gasto público a través de transferencias directas o exenciones de impuestos, que disminuirían en mayor medida el rango de acción del líder socialista.

Las medidas del régimen frente a la pandemia de la COVID-19

Las primeras medidas anunciadas por el gabinete de Maduro otorgan una mayor carga al sector privado que al sector público. En el gobierno recaen sólo las transferencias de dinero por apenas unos 10 dólares al cambio para los trabajadores inscritos en el sistema de pago oficial. Adicional a una promesa de cubrir el sueldo a todos los empleados de las pequeñas y medianas empresas. Esto, solo a los que soliciten ayuda por la misma plataforma de pagos que se usa desde finales de 2018 conocida como Patria.

El mayor peso de las medidas recae en el sector privado. Ello con la prohibición de realizar despidos, la suspensión del cobro de alquileres y servicios de telecomunicaciones, mayores plazos para el pago de los créditos a la banca y la exigencia de direccionar el financiamiento a la producción. Además, el SENIAT apenas realizó una prórroga de la declaración de impuesto sobre la renta por dos semanas que ya venció. Y por su parte, no ha considerado exenciones o reducciones del IVA como paliativos a los ciudadanos y empresas, frente al escenario de la COVID-19.

La realidad de estas acciones

Sus medidas ponen de manifiesto una realidad. Ante la disminución de los ingresos corrientes por la caída de la producción petrolera y el desplome de los precios de esta materia prima, la inexistencia de ahorros en forma de reservas internacionales o fondos de estabilización y la incapacidad para obtener financiamiento internacional bilateral o multilateral, la administración de Maduro no tiene más alternativas que recurrir, en buena medida, al sector privado para intentar mitigar parte del impacto sobre la clase baja.

Por esta razón, la dinámica de poder y control del estado cambia ahora de forma sensible. Las empresas privadas recientemente anunciadas en condición de supervisión, ante la supuesta especulación con sus precios, son muestra de ello.

Los casos de Coposa, Polar, Plumrose y el matadero cárnico de Turmero, han demostrado tener mejores condiciones para enfrentar la nueva ola intervencionista. Pues, saben que su peso y su relevancia para la estabilidad que añora el chavismo no es poca. Pero esto, es sólo un ejemplo de un mapa que cambia de forma absoluta ante una realidad. Venezuela ya no cuenta con un Estado todopoderoso capaz de hacer todo lo que quiere y puede.

En cambio, la nación sudamericana es ahora un país con una economía más pequeña que la de República Dominicana. Esto, a pesar de tener una población casi tres veces mayor, una deuda exterior más de dos veces del PIB anual y la inflación más alta del planeta en todos los años del último quinquenio. El resultado es una economía desgastada con los servicios básicos en franco deterioro y mucho por recuperar. Solo, una vez se den las condiciones para que ingresen capitales privados locales e internacionales a muchas de las grandes empresas públicas que mantiene el Estado.

Colapso de servicios:

La inversión fundamental que habilitará rendimientos a escala en el resto de la economía, necesariamente, será la inversión en los servicios básicos del país: la electricidad, agua y combustibles. 

De acuerdo a la última información oficial dada por la Encuesta Nacional sobre el impacto del COVID-19, para la primera semana de mayo:

  • El 96,1% de los hogares no cuentan con un buen funcionamiento del sistema eléctrico.
  • El 96% no cuenta con acceso al agua de forma regular o con buena calidad.
  • El suministro de combustible está en sus mínimos desde el paro petrolero de 2002: 89% de la población dice que no cuenta con suministro de gasolina y el resto dice que ha enfrentado fallas en la distribución.
  • El gas doméstico es apenas recibido semanalmente por el 20,2% de la población mientras que el restante 79,8% no cuenta con suministro o lo reciben eventualmente en un período de un mes o quince días.

Estos alarmantes números reflejan que la inversión en infraestructura deberá ser una de las prioridades una vez existan condiciones para un importante incremento del capital privado.

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La crisis por la COVID-19 empeorará en 2020

La crisis por el gran confinamiento, generado por la COVID-19, llegó al país con empresas disminuidas, hiperinflación y una inédita contracción de la economía que alcanza dos tercios en 6 años. Las libertades económicas implementadas en un aparente aire más pragmático del régimen en la economía parecen paralizarse, o al menos, replantearse a la luz de los últimos anuncios de intervención de las empresas del sector de alimentos.

Los últimos eventos han conspirado para que en el cierre del año la contracción de la economía estimada se mantenga nuevamente por encima de 20%. Mucho más cerca de la caída de 2019 (-35%) que de las estimaciones de principios de año que auguraban una disminución menor a los dos dígitos.

La inflación, por su parte, se estimaba en principio en torno a 2.700% al cierre. Ahora, se espera que se acelere sensiblemente con el nuevo rango calculado entre 12.000% y 15.000%. Esto, por el deterioro fiscal y el aumento del financiamiento monetario.

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Un inminente boom de capital

Las soluciones planteadas por Maduro son escasas para afrontar los problemas actuales del país. La coyuntura resulta mayor que las intenciones de quienes nos gobiernan y parece inevitable que la situación actual termine acelerando una ola de privatizaciones. Y, con ello, de cesiones de áreas del sector público al privado para contrarrestar los fuertes estragos de la crisis en el país.

El recientemente anunciado plan de reestructuración de PDVSA confirma esta ruta. Así lo confirman, las principales medidas que son parte del proyecto:

  • Venta de acciones del Estado en empresas filiales.
  • Nueva composición de empresas mixtas para ampliar participación de actores privados externos.
  • Recuperación de las refinerías.
  • Reducción progresiva de los subsidios al combustible.
  • Modificación de todo el esquema normativo, que limita mayor participación de capital privado en la industria.

Es así, como el avance de un plan que de forma certera estimule la economía, una vez se levanten los confinamientos y se den las condiciones para inversiones en el país, está en manos de capital privado fresco que entre a una nación que ahora tiene una contextura esquelética.

La inversión en infraestructuras, debe ser una de las principales medidas de los paquetes de recuperación en las distintas economías del mundo. Esta tendrá que, necesariamente, ser aplicada en Venezuela ante la existencia de tantas necesidades inmediatas. Todas que deberán pasar previamente por una significativa mejora de los servicios básicos.

Por: Jesús Palacios

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