Venezuela lleva al menos 6 años inmiscuida en una profunda incertidumbre sobre su estabilidad política, y adentrados en 2020 el escenario no varía. Un país afectado por una severa crisis que contrajo en casi dos tercios el PIB desde 2013, provocado año y medio de hiperinflación y generado la mayor crisis migratoria y humanitaria de la región, ha tenido como contraparte política una dualidad en todos los poderes públicos del país, y un carácter cada vez más autoritario de quienes ostentan el poder. No se puede hablar de las carencias de nuestra sociedad sin hacer un diagnóstico breve sobre las circunstancias actuales.
Para poner un poco en contexto las dimensiones del desastre económico, podemos basarnos en algunos ejemplos sencillos. La economía venezolana es hoy del tamaño de la economía de República Dominicana, un país ubicado en el Caribe con un tercio del total de la población venezolana y casi 20 veces más pequeño en superficie que Venezuela. Hasta 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano se ubicaba alrededor de los USD 380 MM, un tamaño similar al PIB de Colombia entonces. Hoy Colombia tiene un PIB casi 5 veces mayor que Venezuela.
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La magnitud de la crisis resulta difícil de ejemplificar con alguna parecida, y apenas la crisis de Yemen en los años 2010-17, en medio de una cruenta guerra civil, tuvo una magnitud similar (-70% en 8 años, vs -64% de Venezuela en 2013-19). Es difícil, sin embargo, comparar un escenario de guerra civil con la situación venezolana, donde a pesar de los altos niveles de delincuencia no hay un escenario de violencia generalizada que pudiera justificar la enorme caída de la economía.
Mismo situación ocurre cuando se visualiza la crisis migratoria, actualmente solo por detrás de la Siria como las mayores crisis de desplazados del mundo. La cantidad de venezolanos que tuvieron que huir de nuestras fronteras alcanza, de acuerdo a la OEA, unos 5 millones de personas desde 2014. Dicha cifra es similar a la población completa de países como Eslovaquia o Noruega.
La pregunta que cabe es, ¿Cómo pudo ocurrir un escenario de tales dimensiones sin capacidad de respuesta ni de la ciudadanía, ni de los círculos políticos opositores o chavistas, ni de la comunidad internacional, ni del sector empresarial, comunicacional, entre otros?
El proceso hacia el desmontaje
Para entender la falta de respuesta de tantos a la conformación de un modelo hegemónico en Venezuela hace falta comprender, la magnitud del desgaste en el entramado institucional venezolano y para hacerlo, es bueno también mencionar en un sentido más amplio, cómo definimos las instituciones.
De acuerdo al economista e historiador estadounidense, Douglas North (Nobel de economía, 1993), las instituciones son el conjunto de normas formales e informales que conforma una sociedad. Tomando esta definición como criterio para definir el estado de las instituciones venezolanas, no podemos solo remitirnos al tema institucional formal que ha derivado en una abolición en la práctica de la constitución venezolana, sino también al conjunto de eventos informales que han venido desgastando las costumbres, tradiciones y la cultura en general del venezolano.
El conjunto de instituciones formales que planteaba la constitución venezolana de 1999, y especialmente antes, la de 1961, daba cuenta de un estado moderno con enorme convicción democrática que avanzaba luego de un modelo autoritario de mediados del siglo XX. Ahora, ese modelo institucional formal pareció evidenciar una desconexión con las realidades del país antes los eventos de saqueos del año 1989 y los golpes de estado de 1992, constatando una sociedad que no estaba alineada con lo que establecían sus reglas formales.
Es decir, con su constitución, Venezuela avanzaba, en la práctica, en sentido contrario a lo que su sociedad buscaba al avalar proyectos que rompieran con lo establecido previamente. Por ende, el proceso de los últimos años de desmontaje institucional que he tenido como último pilar a la Asamblea Nacional electa en el año 2015, a pesar de ser una muestra violaciones a la constitución sin precedentes y un profundo primitivismo, parecen ser parte de un largo proceso en el que la clase gobernante actual ha intentado llevar un lento pero incesante proceso de cambio institucional para adaptarlos a instituciones que promuevan su modelo político. El estado primitivo, intervencionista, generador de dependencias en la sociedad es la gran propuesta institucional del “socialismo bolivariano”.
Como mencionamos antes, esto es una parte del análisis, y sin lugar a dudas la existencia actualmente de una dualidad de poderes públicos da cuenta del desfase político que no promueve soluciones a la crisis sino que apunta a crear mayores problemas.
La otra parte del análisis institucional venezolano, debe incluir al cambio de las normas informales de nuestro país. El interés del gobierno de Chávez primero, y luego, Nicolás Maduro, en resquebrajar las creencias de la sociedad en torno a elementos claves como la religión, educación, valores familiares, ha desgastado las bases de la sociedad de clase media, lo que no parece casualidad dado que desde tiempos memorables este sector socioeconómico es considerado como un baluarte para la conformación del estado democrático.
Todos estos acontecimientos, en simultáneo, limitan la capacidad de acción del venezolano, y en su conjunto, de la sociedad, y explican la falta de respuesta ante una crisis que, aún a pesar de mejoras coyunturales, no será superada hasta tanto no avancemos hacia una estructura de instituciones amplias, inclusivas y flexibles.