La pandemia que hoy atravesamos como sociedad global tiene y tendrá un impacto multidimensional.
Los derechos humanos se insertan en este debate para ser una guía y un imperativo de protección y respeto de la dignidad humana. En este sentido, no se puede perder de vista que esta situación tiene un impacto y repercusiones diferenciadas en el disfrute de derechos. En específico, de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales en ciertos conglomerados o poblaciones en situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión histórica.
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Lo anterior es lo que de alguna manera puede entenderse en el lenguaje de derechos humanos como grupos vulnerables y, debido a esta condición de vulnerabilidad, requieren de especial atención por parte de las políticas públicas. En este sentido, también se inserta el concepto de interseccionalidad, que puede simplificarse como los contextos en los que se conjuga la pertenencia a distintos grupos vulnerables.
¿Cuáles son estos grupos?
El contexto que nos presenta la pandemia amplía lo que fuera de este puede considerarse grupos vulnerables y por lo tanto, a modo de revisión, se podría señalar que los grupos vulnerables a una larga lista. Entre ellos: las personas mayores, las privadas de libertad, las personas que viven en pobreza y pobreza extrema. Así como, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la niñez, las mujeres, personas en situación de movilidad, las personas LGBTI, las personas en situación de calle. Además de los profesionales de la salud, periodistas y defensores de derechos humanos. Por lo tanto, las medidas que tomen los Estados para enfrentar la pandemia deben tener en consideración los grupos anteriores y debe complementarse con perspectiva de interseccionalidad y enfoque de género.
¿Cuál es el panorama en Venezuela desde este enfoque?
El contexto venezolano amerita una especial atención como resultado de la profunda y prolongada crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Ahora bien, para hablar de los grupos de vulnerabilidad y la pandemia en Venezuela cabe resaltar dos aspectos estructurales de especial atención para entender la dimensión general del caso venezolano. Estos son: salud, economía y libertad de expresión.
Salud
El sistema de salud venezolano está incapacitado para enfrentar esta pandemia en cualquier nivel. Ni hablar de una situación grave de contagios.
La crisis del sistema de salud pública va desde la escasez de insumos médicos tanto para la atención de los pacientes como para la protección del personal de salud, la de equipos médicos y camas en los hospitales, hasta las fallas en los servicios básicos de agua y electricidad.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado esta misma preocupación.
¿Qué sucede con las personas que viven en situación de pobreza y no tienen acceso a un seguro con cobertura médica privada?
Muy pocas son las personas que hoy pueden costear el ser internado en una institución de salud privada. Parece que no hay más opciones. El régimen
consecuentemente durante 20 años fue desmantelando el sistema de salud pública.
Con relación a la salud, también hay que mencionar la quiebra de las empresas públicas que proveen los servicios básicos, en específico, el agua. Resulta imposible cumplir eficientemente la limpieza e higiene necesarias que sirven como principal complemento de la medida de confinamiento. Esta, si bien es una situación general en la región, en Venezuela afecta tanto las zonas rurales como a las principales ciudades del país, incluida Caracas.
¿Qué pasa en el aspecto económico?
Resulta inviable que las personas acaten la medida de confinamiento cuando necesitan trabajar diariamente para cumplir con necesidades básicas como la alimentación. Esto conlleva a que un gran número de la población esté imposibilitada de tomar las medidas necesarias esenciales de higiene y aislamiento, lo que termina incrementando los riesgos de contagio. Sumado a esto se encuentra la escasez de gasolina que afecta tanto el transporte de las personas como el traslado de mercancías, como, por ejemplo, el gas de uso doméstico.
Más allá de las sanciones económicas existentes al régimen de Nicolás Maduro, la debacle económica le antecede a estas por varios años ¿Será suficiente la cooperación internacional a través del sistema de Naciones Unidas para aplicar medidas de seguridad social, de diagnóstico y tratamiento oportuno para todas las personas sin discriminación alguna? Parece poco probable, por no decir imposible que el régimen pueda aplicar medidas mínimas de seguridad social y acceso a sistemas de salud pública con la capacidad de diagnosticar y tratar a las personas oportuna y asequiblemente bajo el principio de no discriminación.
Libertad de expresión
Un rasgo particular del caso venezolano es el alto control que ejerce el régimen de Nicolas Maduro sobre los medios tradicionales de información bien sea por el control directo o por su cierre por vías administrativas. Así es como en los últimos 5 años han dejado de circular y cerrado numerosos periódicos y radios mientras se ha sistematizado la persecución a los profesionales de la información que encuentran en nuevos medios digitales y redes sociales las plataformas para continuar su trabajo.
Como consecuencia existen altos niveles de desinformación y una gran desconfianza producto de la política de opacidad en los datos oficiales en todos los ámbitos. En el contexto de la pandemia esta situación se mantiene y, además, se persigue e intimida al personal sanitario que se ha atrevido a publicar datos sobre contagiados y fallecidos que contradicen la retórica oficial.
Por otro lado, la pandemia también está siendo usada para perseguir e intimidar a periodistas. Como es el caso de Darwin González, quien fue detenido arbitrariamente por funcionarios de seguridad del Estado tras haber sido señalado como posible contagiado.
Lo mencionado anteriormente se profundiza en la medida que se pertenece a algún grupo vulnerable. Sobre esta situación me propongo reflexionar acerca del impacto diferencia que tiene esta situación sobre algunos de estos grupos como los migrantes, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas LGBTI, para así vislumbrar algo del panorama venezolano.
¿Qué pasa con los migrantes?
En tiempos como los que vivimos la situación de los grupos de migrantes venezolanos debería ser atendida mediante la acción conjunta y la cooperación internacional. Sin embargo, lo cierto es que la situación de los migrantes venezolanos dispersos en la región toma sus propias dimensiones -para bien o para mal- en función del país en el que se encuentren. Aunque hasta ahora pareciera ser que la xenofobia termina siendo el lugar común de los problemas que enfrentan los venezolanos en tiempos en los que la respuesta “espiritual” de los Estados es el nacionalismo y aislacionismo.
Distintos organismos internacionales han señalado que la pandemia no puede ser utilizada por los Estados como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones de derecho interno e internacional en relación con poblaciones que necesitan especial protección. En este sentido, vale criticar el pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá respecto a los costos en los que incurría su administración en relación a los venezolanos.
Este pronunciamiento podría dar a entender como eventualmente sería plausible implementar medidas que, de alguna manera, afecten el acceso a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia. Como consecuencia de esto, lo advirtió la CIDH, pueden abrirse y reforzarse nuevos flujos migratorios en la región.
Un ejemplo de lo anterior podría ser el reciente retorno de venezolanos provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, principalmente. Este retorno se ha hecho por vía terrestre lo que implica la exposición constante a posibles nuevos contagios durante su trayecto.
Mujeres
Hay que partir del entendimiento de que las mujeres parten de una situación de estructural general de precariedad económica considerando que sobre ellas recaen trabajos del hogar que no son remunerados y que en el caso de trabajos tanto formales como informales tienden a estar asociados a la limpieza y cuidado que en este contexto se pueden ver mermados lo que termina reduciendo sus ingresos.
Sumado a esto debe prestarse atención a las situaciones de violencia de género, en particular en este contexto de aislamiento, la violencia intrafamiliar y violencia sexual ¿Qué mecanismos alternativos de comunicación, denuncia y protección se pueden tomar en este período?
Además, ¿Qué está sucediendo con la disponibilidad y continuidad de servicios y educación en salud sexual y reproductiva? Por otra parte, entender que por la división del trabajo asignado al género muchas mujeres se desempeñan en el área de la salud, en la primera línea de riesgo de contagio como enfermeras y cuidadoras mientras mantienen tareas de cuidado doméstico. A su vez se encuentran ejerciendo un doble rol que puede impactar tanto en su bienestar físico como mental.
Personas LGBTI
La comunidad LGBTI y, en particular, las personas trans se hallan en un ciclo de exclusión que parte de la imposibilidad de ejercer su derecho a la identidad. Esto generaliza en este grupo vulnerable la pobreza e, incluso la imposibilidad de acceder a políticas asistenciales y protección durante la pandemia -en la mayoría de los casos, por la falta de formulación de las mismas-. La invisibilización de estos y la violencia institucionalizada y normalizada vienen a ser, en mi opinión, el principal problema que presenta este colectivo. Si bien no es producto del contexto actual, en definitiva, lo agrava. ¿Cómo puede una persona LGBTI hacer frente a la pandemia ante el prejuicio, discriminación y violencia constante?
En relación con las personas con discapacidad que se encuentran privadas de libertad tanto en cárceles, hospitales psiquiátricos y otras instituciones de asistencia social, cabe resaltar que se enfrentan a una situación de especial de riesgo de contagio del COVID-19. Los centros de privación de libertad se caracterizarían por hacinamiento, falta de higiene adecuada, negligente atención médica y alimentación inadecuada.
El Estado venezolano incumple los protocolos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a información sobre protocolos de prevención dado la falta de lenguaje sencillo y apoyos en la comunicación que afectarían la accesibilidad en la información relacionada con la
pandemia, lo que resultaría en detrimento de la adopción de medidas esenciales y autocuidado de las personas con discapacidad.
