Grupos irregulares permean las fronteras venezolanas: ¿Cómo lo logran?

En la extensa literatura sobre la definición del Estado moderno, el concepto del sociólogo Max Weber ha gozado de reconocimiento entre las escuelas de ciencia política por su precisión y aparente simpleza.

Para Weber, el Estado es una «asociación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio el monopolio
de la violencia legítima como medio de dominación». Basándose en dicha definición, el monopolio y administración de la violencia es un elemento central del Estado moderno.

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En función de lo anterior, el Estado tiene a su disposición un conjunto de instituciones (la policía, el ejército) que en circunstancias especiales pueden hacer un uso efectivo y legítimo de la violencia para preservar el orden social.

¿Cuál es el caso en Venezuela?

En los últimos años, en Venezuela, varias ONG han advertido la presencia de grupos irregulares en el territorio nacional. Denuncias gravísimas para la integridad y la soberanía nacional, ya que según la Carta Magna nacional, es la Fuerza Armada nacional, la institución competente para ejercer el monopolio legítimo de la violencia. Por si fuera poco, grupos irregulares externos no son los únicos que tienen presencia en el territorio nacional, también hay grupos nacionales como los colectivos que detentan el control casi exclusivo de algunas zonas del país.

Precisamente, este lunes, el embajador venezolano ante Colombia Tomás Guanipa, denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tomó
el control de la población de Seboruco en el estado Táchira.

Lo que se puede discutir acerca de la inoperatividad de la FAN, al permitir que grupos armados al margen de la ley operen dentro del territorio nacional, responde a un pacto político – territorial que apunta a sostener al régimen.

El hecho de que el monopolio legítimo de la violencia se reparta en diferentes grupos multiplica el apoyo armado hacia el régimen. Este no cuenta exclusivamente con la FAN como institución que puede emprender acciones armadas, sino que, el poder coactivo se ha disgregado en un conjunto de grupos armados que actúan paralelamente a la institución castrense.

¿En qué consisten los pactos territoriales?

El pacto político – territorial comprende que, para que estos grupos apoyen al régimen, se les debe conceder espacios dentro del territorio nacional. Según la ONG Fundaredes, el Arco Minero y las zonas fronterizas con Colombia, estarían controladas por dichos grupos.

El interés en el Arco Minero se sustenta en controlar la extracción ilegal de los minerales de la república, especialmente el oro. Mientras que la zona del Táchira permite resguardarse de los enfrentamientos que se suscitan en Colombia con el ejército de Duque.

En este sentido, lo que es una debilidad para la institución militar en Venezuela se convierte en una ventaja para el régimen. En primer lugar, si se disemina el poder coactivo en diferentes grupos, ya no es únicamente la FAN quien sostiene al régimen. Por el contrario, ahora existen un conjunto de instituciones que legalmente o no, están dispuestas a apoyarlo en armas y hasta las últimas consecuencias. Saben que en otro territorio no se les permitirá operar como aquí.

En segundo lugar, que el monopolio de la violencia lo detenten diferentes organizaciones armadas, disminuye sustancialmente cualquier tipo de alzamiento. Esto ya que entre los grupos armados se establecen una serie de acuerdos mínimos de convivencia que tienen como regla fundamental lo siguiente: mientras el régimen tenga el poder político, los diversos grupos podrán operar dentro del territorio nacional. Es decir, a todos les conviene que se mantenga el status quo en el país.

Tal situación constriñe también al régimen de buscar una solución a la crisis política de Venezuela, debido a que los mencionados grupos tienen claros intereses de permanecer en el territorio nacional. Además saben que de hacerse efectiva la transición a la democracia, no podrán continuar operando.

Este elemento debe ser tomado en cuenta a la hora de plantear cualquier acuerdo con el régimen.

Por: Ricardo Martínez

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