Las nuevas sanciones a la estatal petrolera rusa Rosneft, a través de su filial Rosneft Trading, son un nuevo golpe del gobierno de Trump al complicado equilibrio de la dictadura venezolana y en particular a su industria petrolera, bastante golpeada desde 2019 con la suspensión de la compra de crudo por parte de Estados Unidos.
La última sanción, anunciada el 18 de febrero por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, congela los bienes de Rosneft Trading en Estados Unidos y le impide realizar transacciones con empresas estadounidenses, e involucrarse en su sistema financiero.
Para entender el impacto en la economía venezolana, hace falta revisar los acontecimientos del último año.
En 2019 Venezuela empezó a enfrentar serios problemas de inventarios, un evento que resulta contra intuitivo luego de haber pasado años de caída en su producción. Como resultado de las sanciones estadounidenses y la reducción de clientes, PDVSA empezó a acumular stocks cercanos a los 40 millones de barriles.
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A pesar de contar con capacidad de retener inventarios por 65 millones, muchos de los tanqueros que conforman esa capacidad instalada están fuera de circulación por falta de mantenimiento. Esto generó en el mes de agosto que la petrolera estatal tuviera que reducir la producción diaria por problemas para seguir almacenando crudo.
Fue entonces cuando las operaciones con intermediarios empezaron a ganar más peso en el proceso de exportación de crudo venezolano. Como la cartera de clientes directos de PDVSA se había reducido sensiblemente, la estatal rusa Rosneft empezó a recibir dos tercios de las exportaciones de petróleo venezolano para revender al mercado asiático. Dichas operaciones, según expertos, podrían generar USD 1.000 M al año para la petrolera rusa.
Con el avance de las sanciones, y como resultado, la nula existencia de intermediarios, hubo sólo cuatro clientes dispuestos a tomar barriles venezolanos: Rosneft, la española Repsol, el conglomerado indio Reliance y la estatal Cubametales. Dichas empresas se encargaban de distribuir el crudo venezolano en otros mercados con descuentos que promediaban el 27% hasta el cierre de 2019, de acuerdo a la firma venezolana, Ecoanalítica.
A estas empresas se suma la estadounidense Chevron, que ha recibido la renovación de una licencia para operar por tres meses tras las sanciones generales a PDVSA comentadas al principio de la nota. Si bien la estadounidense no se encarga de intermediar, si mantiene producción de crudo local por unos 35.000 barriles diarios, que representan apenas 1% del total de su oferta global por lo que la importancia estratégica de las operaciones en el país se debe más a razones geopolíticas que económicas.
De hecho, los argumentos a favor de la posición de Chevron son que retirarse abriría el camino para que las compañías rusas y chinas expandieran sus espacios y controlaran más petróleo, dificultando cualquier reconstrucción de la economía posterior a Maduro.
Las nuevas sanciones
Volviendo al impacto directo de la nueva sanción, está claro que el impacto de esta medida a Rosneft Trading genera un efecto más relevante en la situación de Venezuela que en la petrolera rusa, por el alto peso de las exportaciones de crudo venezolano dependientes de Rusia.
A pesar de que Rosneft puede usar otra empresa para continuar con la comercialización de petróleo venezolano y que este año otras empresas como Reliance, Repsol o ENI pueden adquirir un rol de mayor peso en la venta del crudo nacional, las sanciones podrían tener un efecto más disuasivo en estas últimas. De ser así, la situación podría obligar a PDVSA a elevar las exportaciones de petróleo a través de fórmulas poco transparentes y con aún mayores descuentos en el precio del barril.
Además, la capacidad de Rosneft de evadir dichas sanciones también estará pendiente de ver cómo van a reaccionar las partes involucradas en las otras operaciones de Rosneft Trading, y si ponen a la empresa a escoger entre su relación con PDVSA y otros de sus clientes en Asia.
A pesar de ello, el impacto completo de las nuevas sanciones está aún por poder medirse en todas sus dimensiones e informaciones citadas por Bloomberg recientemente indican que la petrolera rusa ya habría coordinado una empresa distinta, altamente vinculada con Rosneft, para seguir colocando el crudo venezolano en el extranjero. La compañía llamada TNK Trading, fue adquirida por Rosneft en 2017 y ya colocó el año pasado un pequeño monto de crudo venezolano en el mercado, pero ha subido considerablemente sus colocaciones para el primer trimestre de este año, evidenciando la migración de cargas de Rosneft.
Pero la realidad es que falta tiempo para evaluar el éxito de esta medida, y si como quiere Washington, logra generar suficiente presiones que faciliten una salida negociada promovida por Rusia, dado los altos costos que está teniendo para este país el mantenimiento de su relación con Venezuela en las circunstancias actuales.
Las reformas de Maduro:
Pero volviendo al tema local, la realidad es que el impacto de esta sanción en el modelo “reformista” que intenta impulsar Maduro también podría tener importantes efectos.
El mensaje de Abrams, luego del anuncio de las sanciones a Rosneft fue a Repsol, asegurando que de mantenerse la empresa española en operaciones con el gobierno venezolano podrían escalar medidas en su contra es una clara muestra de que la administración Trump parece no limitarse en cuanto a medidas que escalen las presiones a Maduro.
Esto frena los planes del régimen con ENI, Repsol y Chevron a las que extendió propuestas de avanzar en nuevas inversiones en pozos, o recibir parte de la participación accionaria de PDVSA en las empresas mixtas. Propuestas que sonaban desde hace ya tiempo como mecanismo de la administración de Maduro para promover un aumento en la producción y la obtención de ingresos adicionales por las inversiones de estas firmas.
Esta idea se ve afianzada luego de las últimas advertencias de Trump en India mostrando su disposición a seguir aumentando las presiones sobre Maduro en el corto plazo con la intención de promover una salida próxima a la crisis.
Habíamos mencionado en un artículo anterior “Socialismo con características venezolanas” que dentro de las propuestas reformistas de Maduro era clave el avance en privatizaciones o mayores concesiones en los proyectos mixtos a empresas extranjeras que permitieran evadir sanciones y promover un aumento de la producción por la vía del aumento de inversiones, pero queda claro ahora que esta estrategia para promover un crecimiento de la economía del país tendrá muchos problemas para operar.
Jugadas como el nombramiento arbitrario de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional en una sesión sin votación, quorum ni seguimiento de reglamento alguno, buscaban facilitar mecanismos para que el régimen pudiera darles visos de legalidad a los cambios en la conformación de las empresas mixtas.
Antes, cuando el Tribunal Supremo de Justicia intentó en 2017 tomar las competencias del poder legislativo, la intención oculta también estaba en la capacidad de generar dichos cambios sin pasar por el escrutinio de un poder legislativo independiente, y meses más tarde con al avanzar en una Asamblea Nacional Constituyente que violaba todas los requerimientos constitucionales también se pretendía asaltar esta función. Ninguno de los mecanismos dio los resultados esperados por la administración de Maduro.
Dichos ejemplos son la muestra de que agotaron todos los esfuerzos por un plan que sustentaba para el régimen los cambios implementados por la ola de pragmatismo económico que han permitido desde el recrudecimiento de las sanciones.
Ante la trascendencia de estos eventos, podríamos estar ante un punto de inflexión en la evolución de los eventos en Venezuela: por la vía de cesiones del régimen para buscar una solución negociada por las presiones crecientes o una radicalización de los grupos de poder en la medida en que se sienten más arrinconados y perseguidos. Lo que es una realidad es que el costo de oportunidad de mantener el apoyo a Maduro aumenta sensiblemente luego de estas sanciones.
