El día 27 de Septiembre del año en curso se llevó a cabo la sesión ordinaria número 43 del Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra, Suiza. En esta sesión con la presencia de la Alta Comisionada para los DDHH y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet quien realizó una intervención bastante importante, comenzando por la situación actual de estos Derechos fundamentales en diversas Naciones como México, Siria, Burkina Faso y por supuesto Venezuela.
Haciendo referencia a que en estos países existen violaciones que deben ser atacadas por gobiernos y que ante este Consejo deben darse esfuerzos conjuntos como la realización y entrega de informes sobre la situación de estos derechos ante este órgano, la facilitación de entrega de la Ayuda Humanitaria con la participación de este, etc.
Sin embargo, en esta intervención hubo un espacio dedicado a la República Bolivariana de Venezuela y el trabajo que ha venido desarrollando en materia de DDHH en conjunto con la oficina del Alto Comisionado. En este sentido, dilucidó que la cooperación técnica acordada a través de una carta de entendimiento firmada en Septiembre del año 2019 entre la Cancillería y la oficina de Bachelet, en el que según el portal de noticias oficiales de la ONU, se estableció una cooperación para el acceso ilimitado a las regiones y a los centros de detención, el fortalecimiento de los derechos y procesos judiciales y autorizar gradualmente el suministro de asistencia humanitaria.
En la Sesión del día 27 de febrero Bachelet estableció lo siguiente según el portal oficial del Consejo de Derechos Humanos: “Valoro positivamente el acceso y la colaboración mantenida con mi Oficina desde mi última actualización oral a este Consejo.
Hemos avanzado en la ejecución del Plan de Trabajo de cooperación técnica, así como en temas de protección. Entre otras actividades, mi oficina ha realizado tres nuevas visitas a centros de detención durante las cuales se ha podido entrevistar a 28 personas de manera confidencial.
Las observaciones realizadas durante estas visitas se han podido compartir con las autoridades relevantes para su acción. Presentamos ante el Comité de Coordinación más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas de la libertad.
Este Comité es un mecanismo de protección inter-institucional establecido en conjunto con mi oficina. “Agradezco la cooperación de las autoridades y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia”. Así luego también añade que su oficina en conjunto con el Régimen de Maduro ha realizado la cooperación inter-institucional a través de talleres con los diversos funcionarios del Estado para la creación de un dispositivo nacional de seguimiento de los mecanismos internacionales para los derechos humanos y crear un segundo Plan de Formulación de DDHH.
¿Qué implica esto?
Las alianzas realizadas entre el Consejo de Derechos Humanos y el Régimen venezolano no implican que este último deje de ser un violador de estos derechos y que sus funcionarios también lo sean. Sin embargo, a través de la relación y cooperación inter-institucional entre el Consejo y el Gobierno de Nicolás Maduro, se está intentando que el Estado venezolano no continúe violando DDHH. Más no se está atribuyendo la responsabilidad y las presiones necesarias para que deje de hacerlo, que si bien el Consejo tiene dentro de sus funciones el reporte y seguimiento.
También es el encargado de promover la protección de estos derechos pero adicionalmente, hacer frente a las violaciones de los mismos y realizar recomendaciones. Aunque se puede ver que la parte de las sugerencias se está realizando, la exposición de la responsabilidad del Gobierno Nacional se está dejando a un lado.
Así mismo, al momento de hacer los talleres antes mencionados ya se evidencia que existe una conducta irregular por parte del Estado, al momento de solicitar visitas a los centros penitenciarios y la liberación de todos los presos políticos, se hace claro que nos encontramos ante un Estado que por mantenerse en el poder viola la integridad de los ciudadanos y esto no puede ser suavizado por el Consejo ni por la ex presidenta.
Finalmente, la cooperación del consejo debería ir encaminada hacia la sociedad civil, hacia las Organizaciones No Gubernamentales en mayor medida, debido a que si bien debe trabajar con el Estado, este ya es un claro violador de DDHH. Por ello, las alianzas deben ser más fuertes con las víctimas y quienes ayudan a la defensa de estos derechos tomando en cuenta sus trabajos, datos y ofreciendo capacitaciones para que puedan hacerle frente a los regímenes criminales como este.
