Ante los hechos suscitados en los primeros días del año 2020 en Venezuela, se ha evidenciado un alto nivel de tensiones entre los diversos miembros de la élite política de este país. Así mismo, el pasado cinco de Enero en el Palacio Federal Legislativo se muestra una vez más cómo se viola de manera excesiva y frecuente los Derechos Civiles y Políticos de los ciudadanos, los cuales se encuentran contemplados no solo en la Constitución, también contemplados en diversos pactos internacionales como el “Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos” , el cual este Estado ratificó y en el que se establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos sin ningún tipo de distinción y además deben tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su País. Estos principios son todos los días quebrantados por el Gobierno Venezolano, debido a que la participación política por parte de cualquier ciudadano o incluso por parte de un detentor de un cargo público como lo es un diputado, es criminalizada mediante diversos mecanismos como la persecución, las amenazas por parte de los funcionarios del gobierno en cadena nacional por diversos medios de comunicación, encarcelación de diputados y violación a su inmunidad parlamentaria como es el caso de los diputados Gilber Caro y Juan Requesens.
La participación política sin discriminación, ni distinción, no está siendo garantizada por el Gobierno Venezolano, esto debido a que los diputados tienen allanada su inmunidad parlamentaria por el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual también evidencia una clara parcialidad política, una violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además una vulneración a los principios democráticos contemplados en esta.
El informe Bachelet
Como evidencia de esto, lo publicado por el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela” en el que se establece : “Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”.
¿Y la democracia?
La democracia tiene diferentes pilares, entre ellos la división de poderes, la justicia, la libertad de expresión, el respeto del Estado de Derecho, la alternabilidad en el poder, entre otros. Este es el modelo que debe promoverse por parte de todos los miembros de la OEA, según la Carta de la organización de Estados Americanos Con base a estos principios, es posible ver que el Estado Venezolano no cumple con la búsqueda de la democracia ni la garantiza, porque la división de poderes y su imparcialidad es inexistente debido a las acciones del TSJ, el CNE y la fiscalía.
El respeto al Estado de Derecho es todos los días violentado y además la desestabilización del Sistema Político producto de la persecución política, las violaciones de los derechos humanos, pero también debido a los recientes acontecimientos dentro de la Asamblea Nacional que han llevado a una división de la misma en dos, con sesiones divididas, con un presidente reconocido por el ejecutivo, pero otro reconocido por el Poder Legislativo y por la mayoría de los parlamentarios que conforman este. Así es como se evidencia una democracia quebrantada, una división de poderes inexistente, una justicia parcializada y un Sistema Político colapsado con una Emergencia Humanitaria Compleja que todos los días pide a gritos un cambio político, dirigentes responsables y el respeto de los Derechos.
