Desbalance de la Asamblea Nacional 2015-2020 

Los cargos de diputado y diputada de la Asamblea Nacional son elegidos por elección popular, en votaciones universales, directas, personalizadas y secretas con representación proporcional según la base poblacional, por un periodo de cinco años continuos; tal como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su última modificación de 1999.

Asamblea Nacional, una mirada al periodo 2015-2020. Foto: Composición Todos Ahora

Así mismo, se establece que “los diputados tienen como función primordial la de asumir la vocería calificada de las propuestas y mandatos que emanan del ejercicio de la soberanía que reside de manera intransferible en el pueblo; en este sentido, no son representantes del mismo; no son autoridad, ya que la autoridad reside en la ley, en consecuencia son agentes de la autoridad.”

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Hoy por hoy en Venezuela, la figura de los diputados no corresponde a las labores de legisladores, sino que responde a las necesidades políticas de un país que atraviesa una de las peores crisis políticas que ha vivido la región latinoamericana en la época contemporánea. Y aunque se entiende que los políticos deben responder a las circunstancias y adaptarse a las necesidades de su entorno, ¿es posible justificar el incumplimiento del mandato constitucional?

Si lo dice la Constitución ¡ejecútense!

De acuerdo con la Constitución los diputados son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, cuyas labores básicas son:

1) Hacer leyes de la República.

2) Sostener un vínculo permanente con sus electores (lo que incluye una rendición de cuentas sobre su gestión)

3) Ejercer una función de “control” sobre los otros poderes.

Esa función controladora que responde a la teoría de check and balance obliga a los diputados a garantizar que la Administración Pública funcione correctamente, habilitándolos para realizar investigaciones y proponer interpelaciones a los funcionarios que cometan irregularidades en el ejercicio de sus cargos.

Es bajo esta función que la actual Asamblea Nacional, electa en 2015, ha asumido la tarea de intentar derrocar al régimen de Maduro bajo la dirección del presidente Juan Guaidó, proclamado presidente Encargado en enero de 2019 siguiendo la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Más allá de la intencionalidad, y dejando a un lado la función controladora, existen otras competencias que la Asamblea Nacional debe cumplir y que se han visto violentadas por el despojo de sus funciones.

Parte del atropello que esta institución ha sufrido desde que fue electa, permiten ver que el contrapeso de poderes sólo existe en contra de la Asamblea Nacional, empezando por el Ejecutivo, con la declaración del Estado de Emergencia, la ausencia de reconocimiento del gabinete de ministros y la incapacidad de manejar su propio presupuesto desde 2017; así como el rechazo del Poder Electoral en realizar las elecciones que corresponden al estado Amazonas que inicialmente dieron pie al Tribunal Supremo para declarar el desacato; y también las continuas amenazas y hostigamiento hacia los diputados electos. Estos son algunos ejemplos de obstáculos que el régimen ha interpuesto para evitar que los diputados hagan su trabajo.

Una gestión atípica

“Fue sumamente pobre, cinco años perdidos y ninguna ley aprobada para beneficio de los venezolanos”, esa es parte de las declaraciones dadas por el presidente del partido Soluciones, Claudio Fermín, sobre la Asamblea Nacional electa en 2015 durante entrevista para el programa Primera Página de Globovisión, haciendo referencia a los resultados de la gestión de los diputados.

Y si bien la efectividad de la gestión de la actual Asamblea Nacional no puede medirse bajo los parámetros regulares y convencionales en términos de leyes y acuerdos aprobados, se debe admitir que la gestión estuvo centrada en decisiones ejecutables fuera de Venezuela, que violentaron aún más la institucionalidad del país y que no lograron las tres principales metas políticas planteadas por Guaidó planteadas el 5 de enero y ratificadas el 23 de enero de 2019. Por lo que es una tarea pendiente y una responsabilidad normalizar la institucionalidad del país y recuperar el campo político, sobretodo porque el económico está destruido. La pregunta es quiénes serán los responsables de esta tarea.

Por: Elina Guerrero

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