Las estadísticas sobre el avance y cifras del coronavirus en Venezuela manejadas por el régimen intentan reflejar control estadístico exacto de la pandemia, dar incluso la ilusión de observación e investigación adecuada y actualizada. Sin embargo, este conteo y control ha sido ampliamente cuestionado por expertos venezolanos y organizaciones nacionales e internacionales, como sucedió con el pronunciamiento de ACFINAM a mediados de mayo, donde estimaron que existía en el país un sub-registro de entre 63% y 95%, cuya principal causa era la insuficiencia de pruebas confirmatorias y la centralización del sistema sanitario que ya se preveía decadente.
Y este panorama de irrealidad nacional, es la causa y reflejo de lo que viven grandes comunidades del país que lejos de entrar en los protocolos sanitarios adecuados y la atención medica debida, se encuentran en denunciada desatención y aislamiento. Entre ellos destacan de forma grave los pueblos y comunidades indígenas venezolanas que aun hacen vida en el territorio nacional o han sido desplazados a Colombia y Brasil.
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Poco o nada se habla en las diarias cadenas nacionales sobre la realidad de las colectividades indígenas del país; de hecho la más reciente mención que se hizo a ellas, se dio como respuesta del Movimiento Indígena Unido de Venezuela el 7 de junio, quienes en obediencia a la línea de acción del régimen desmentían las denuncias realizadas por organizaciones y representantes indígenas, quienes expresaron y denunciaron el hermetismo y confidencialidad negativa con que era manejada la información en las regiones de Bolívar y Amazonas, pues el control sanitario estaba fundamentalmente a cargo de personal militar quienes al percibirse casos positivos de coronavirus procedían al aislamiento de algunas comunidades enteras, sin respeto ni trato adecuado a estas personas, separado incluso familias enteras como expresara la defensora indígena de derechos humanos del Pueblo Pemón, Lisa Lynn Henrito a Provea.
Uno entre varios males, comunidades desatendidas
Y es que, la poca o nula asistencia médica en los estados Bolívar y Amazonas tiene ya una tradición negligente, por lo que el coronavirus es no solo una amenaza latente, sino que potencial dada su realidad. Ya estudios especializados, como los publicados por ORPIA y Wataniba, establecían que los indígenas tienen mayores probabilidades de contraer enfermedades contagiosas, debido a que sigue siendo el sector más excluido y subatendido de la población. Una muestra de ello es el caso de la malaria, cuyo brote está asociada a la minería. Y afecta particularmente a los pueblos Pemon, Ye’kwana, Yanomami, Uwottüja y Yabarana.
Como también el pueblo Warao, localizado en los estados Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Bolívar, tienen el índice más alto de tuberculosis en el país. Y a esto se agregan los casos de muertes asociadas con la desnutrición de niños y niñas de los pueblos originarios Pume, Yukpa y Wayuu, de los estados Apure y Zulia, respectivamente. Todo lo cual genera una susceptibilidad inmunológica y física que hace de los pueblos indígenas, uno de los sectores de mayor riesgo de contagio y muerte frente al Covid-19.
Falta de registro y cifras
El último informe del grupo de trabajo socioambiental de la Amazonia Wataniba estimo que para la primera quincena de junio los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro agrupaban 324 casos, es decir, el 13% del registro para el país, sin reporte de casos fallecidos de forma oficial; sin embargo, las denuncias de fallecidos de los que se desconocen las causas exactas, pero son asociados al coronavirus son muchas. Como el caso mencionado por un informe de Provea, donde se denuncia que día martes 26 de mayo, falleció un anciano de la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, supuestamente de COVID-19.
Y aunque no había una confirmación oficial de este caso, las autoridades sanitarias de la gobernación del Estado Bolívar, ingresaron a la comunidad de San Antonio de Morichal, aislando y militarizando a la misma, aplicando pruebas rápidas de COVID-19; las que arrojaron un supuesto contagio de cerca del 80% de la comunidad, causando un estado de alarma, miedo y estrés en los habitantes; sin embargo, este porcentaje descendió drásticamente cuando se realizaron nuevas pruebas. Pero los indígenas aseguraron no estar dispuestos a ser sometidos nuevamente de esa manera por lo que preferían aislarse, lo que resulta comprensible dada su cultura, pero representa un riesgo fatal para ellos.
Por otro lado, cabe destacar que si bien los indígenas asentados en territorio venezolano, son de los que menos han percibidos los estragos de la pandemia de toda la región panamazónica, conformada por territorios de Surinam, Perú, Guyana, Guyana Francesa, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Venezuela; no puede decirse lo mismo de las muchas comunidades indígenas venezolanas desplazadas por razones de salud, alimentación y seguridad, que dada la crisis de estos rubros en el país, se encuentran ahora en territorio de otros Estado ya sea en espacios libres o refugios; de los que Venezuela no tiene control ni seguimiento.
Urgen medidas sanitarias para evitar lo que podría ser un genocidio
El panorama es realmente amargo para estas comunidades que, con gran ingenuidad frente a las implicaciones del contagio y la enfermedad, a diferencia de la mayoría de la población venezolana, son víctimas del desconocimiento y, por la ingente cantidad de denuncias conocidas, también de la desatención, negligencia y desidia. Urge en este sentido que se tomen las medidas sanitarias y sociales debidas, para prever o incluso frenar el contagio sobre estas comunidades, deteniendo lo que podría significar un genocidio sobre nuestra identidad nacional. Hombres, mujeres y niños que representan el originen, la pertenencia y el vínculo más humano con este territorio.
Valga mencionar que, debido a la alta movilidad de muchas de estas comunidades, una solución coherente debe pasar por el apoyo y trabajo interestatal, la comunicación y cooperación de los países de toda la región panamazonica; entendido que muchas de estas comunidades, aunque se encuentren en diferentes territorios pertenecen a una misma tribu, como sucede con los indígenas desplazados venezolanos que hacen vida en Brasil, país que se encuentra en el primer lugar en los índices de contagio en América Latina. De igual manera urge un sistema de atención y protocolos de intervención adaptados a la realidad de estos poblados, en respeto a sus condiciones de aislamiento y de economía subsistente; así como un control de entrada de personas externas a territorios indígenas cultural y oficialmente declarados.
