Ciudadanía vs gobierno. El célebre jurista y politólogo francés Maurice Duverger considera que la política se desarrolla en dos espacios, el primero corresponde a la relación entre los diferentes clanes, grupos o partidos que buscan conquistar el poder político, el segundo espacio se refiere a la relación que existe entre los gobernados y quienes gobiernan. En este artículo se busca dilucidar ese segundo espacio dentro de la Venezuela actual.
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La representación política es un elemento que busca el equilibrio del sistema político, ello debido a que los gobernados eligen quienes serán sus gobernantes, y los segundos deben ajustarse a un marco normativo establecido habitualmente en la Carta Magna. La aspiración de filósofos-predominantemente de la ilustración francesa-y luego de juristas, ha sido dictar normas para frenar las arbitrariedades que pueden realizar los gobernantes. Esfuerzos notables se han concretado, entre ellos está: la separación de poderes defendida por Montesquieu o el más moderno impeachment, que en la región el caso más reciente y conocido fue el de Dilma Roussef iniciado en 2016. Una de las ideas más importantes que incitó a los juristas fue que la relación gobernantes-gobernados requiere un conjunto de leyes e instituciones políticas que sirvan de contrapeso a los desafueros de los gobernantes.
El caso venezolano
Desde el año 2013 ha existido una desmejora en la capacidad de la ciudadanía para auditar y controlar la gestión gubernamental. Ello se ha visto reflejado en una disminución progresiva de la separación de poderes, disminución que se acentuó luego de que la exfiscal Luisa Ortega saliera del país en el 2017 y concomitantemente denunciara los abusos contra los DDHH en las protestas de ese mismo año, a partir de allí el ejecutivo intentó controlar aún más los poderes públicos, designando a un nuevo fiscal y, en agosto de ese mismo año instaurando un nuevo brazo ejecutor de la presidencia, la ANC, órgano creado para sustituir y aislar a la AN.
Actualmente la ausencia de separación de poderes se incrementa progresivamente, en primer lugar, por la intención de desplazar definitivamen te a la AN a través de la juramentación de una nueva junta directiva, cuestionada por la oposición política y por parte importante de la comunidad internacional. La pretensión de desplazar la AN parece aumentar día a día, ya que desde el gobierno se apunta a realizar unos comicios parlamentarios lo más pronto posible, sin concertación con la oposición o con la comunidad internacional. Otro elemento que vulnera la representación política y la separación de poderes es el nuevo intento de reestructurar el TSJ, institución que ha servido para avalar casi sin cuestionar todas las órdenes del ejecutivo. Ahora se apunta a que el TSJ se encuentre mucho más cercano al gobierno nacional y a sus decisiones.
La disminución progresiva de separación de poderes, así como el intento de desplazar casi definitivamente a la AN impacta enormemente en la ciudadanía. En primer lugar, genera desconfianza en las instituciones políticas debido a que se percibe que todas las decisiones del ejecutivo son avaladas ciegamente por aquella, es decir la función de controlar y limitar las decisiones ejecutivas por parte de los poderes públicos es casi que nula. En segundo lugar, la ciudadanía cuestiona la calidad de la participación política puesto que la amenaza que se cierne sobre la AN atenta contra la voluntad expresada en las elecciones parlamentarias del 2015.
La desconfianza trae como efecto la apatía, ya que la ciudadanía no ve relevante mostrarse contraria a las decisiones gubernamentales puesto que todas las instituciones-incluida la castrense-no apoyan los reclamos contrarios a su doctrina sino sólo al ejecutivo, apatía también para votar, ya que las inhabilitaciones a los principales líderes opositores, las irregularidades en el día de la elección como los llamados “puntos rojos” y la ausencia de renovación de las autoridades electorales hacen enormemente cuestionable el proceso electoral. Apatía, igualmente para salir a protestar puesto que el aparato represor del Estado esta aceitado para frenar, en el acto, cualquier señal de disidencia. Si el año 2020 es electoral, los partidos políticos de oposición conjuntamente con la comunidad internacional deben coordinarse y luchar para establecer las condiciones necesarias y suficientes para que la ciudadanía vea credibilidad en el proceso electoral y se anime a votar.
