Ayuda para centros penitenciarios de tortura

Iris Valera recientemente dio declaraciones sobre un plan de atención y control absoluto de las cárceles ante la COVID-19. Teniendo ayuda de parte de la Cruz Roja para la desinfección de los centros penitenciarios, según una entrevista dada a Unión Radio. Así mismo, la ministra aseguró: “Tenemos un canal abierto para recibir, cumpliendo con los requisitos, para los nuevos ingresos. Y hacerle una cuarentena interna antes de pasar a otra área”.

Sin embargo, es importante ver que por más denuncias que se han hecho sobre las condiciones de salud dentro de los reclusorios por parte de la sociedad civil, esto de permitir el acceso de un ente internacional humanitario como la cruz roja solo sucede por la pandemia, pero es algo que debió hacerse hace mucho tiempo.

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¿Qué dicen otras fuentes al respecto?

El 22 de Marzo, el abogado Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, dio algunas recomendaciones con respecto a la COVID-19 y las cárceles al diario. Escribió El Pitazo: “Permitir el acceso a las cárceles a los médicos y a las delegaciones de la Cruz Roja que estén dispuestos a apoyar en las medidas preventivas y de tratamiento. Liberar a los presos políticos para evitar que sigan vulnerables al contagio. Y habilitar tribunales para atender específicamente las solicitudes de resguardo a la salud de presos, de sus familiares y abogados.” .

Estas declaraciones son muy pertinentes teniendo en cuenta la condición de los penales y el trato que se le da a los reclusos. Siendo siempre un misterio su estado de salud por parte de fuentes oficiales. Enn especial en lo que se refiere a los encarcelados por el régimen por razones políticas.

Es posible ver, que los centros de reclusión no tienen lo necesario para cumplir con el aislamiento preventivo. Así lo expuso Carlos Nieto: “Desde la organización que dirijo (Una Ventana a la Libertad) hemos reportado las graves condiciones en que viven los presos. De los 238 centros de detención preventiva o calabozos policiales que monitoreamos en 15 estados del país. Solamente en estos sitios, según nuestro informe del 2019, hay 19.091 detenidos y su capacidad es para 6.448 personas. Lo que representa un 205% de hacinamiento.

Solo con este dato nos basta para saber que lo del aislamiento social es imposible de cumplir en espacios donde los presos tienen que turnarse para estar acostados porque es imposible que todos estén al mismo tiempo.”

Además según el informe de UVL, se reportaron 192 muertes de reclusos de los cuales 46 fueron por enfermedades. También que más del 90% de los centros penitenciarios no cuentan con los servicios básicos como agua, comida y medicamentos. Lo cual hace más cuesta arriba la lucha contra esta pandemia en las cárceles, por lo que el derecho a la vida no está garantizado. Aunque esto no es consecuencia del virus, porque este es un derecho que no se garantiza desde hace años por parte del régimen, que ha tenido numerosas muertes en sus penales por tortura .

La condición de los centros de reclusión, también es tratada por la CIDH en su informe anual 201. Allí se muestra muy preocupada ante las condiciones paupérrimas condiciones de higiene de estos centros. También que el acceso a la salud o a la revisión médica que es un derecho de los reclusos, no está garantizado. Ha hecho el seguimiento de esto a través de informes anuales.

En el de Venezuela de 2018, advierte al Estado Venezolano que el colapso del sistema penitenciario hace que no se le puedan ofrecer condiciones dignas a los privados de libertad. Y que el país debe tomar medidas al respecto porque se violan los DDHH si esto no se cumple. Cosa que aún menciona en su informe del 2019, lo que indica que el gobierno nacional no ha seguido estas recomendaciones.

Conclusión, sin DDHH

Michelle Bachelet instó a los gobiernos del mundo a tomar medidas para que se evite la propagación en las cárceles, a través de la reducción de la población carcelaria. Así lo relató el portal web del Diario de las Américas.

 Esto, sería una oportunidad para poder al menos hacer caso a las recomendaciones que hacen organizaciones internacionales como la OEA y la ONU. Que posicionaría a Venezuela como un Estado que al menos hace un esfuerzo por disminuir su violación a los DDHH.

Sin embargo, esto no es lo que le interesa al gobierno. Si fuese así, liberaría a los presos políticos (Algunos incluso con medidas cautelares por parte de la CIDH) como ya lo ha recomendado la Comisión Interamericana de DDHH. A fin de aprovechar la coyuntura y evitar que se propague el virus por las cárceles. Para evitar que tengan aún más violaciones de derechos a cuestas, haciéndose ver peor hacia la comunidad internacional.

Pero esto no es prioridad para el régimen porque bajo su lógica es más fácil que estos presos se infecten y fallezcan porque no los tienen que mantener o garantizar sus derechos. Que si bien sería un costo para el país, pudiesen atribuirle a la crisis este efecto, evadiendo su responsabilidad ante diversos actores. Pero es seguro que organismos como la CIDH no descansarían hasta evidenciar que no es de esta manera. Ya que han denunciado que desde hace mucho tiempo Venezuela no garantiza los DDHH. Y no es por la pandemia que es incapaz de garantizar el derecho a la vida en los centros de reclusión.

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