Realidad del Arco Minero del Orinoco, una denuncia internacional de larga data

Durante este mes se dio a conocer un nuevo informe de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, donde se advierte y denuncia la situación de irregularidades criminales, crisis social y cultural que se vive en el Arco Minero del Orinoco. Donde las problemáticas de seguridad, institucionalidad, sociales, sanitarias y medioambientales, dan cuenta de la falta de control político en general dentro de estos territorios.

Se debe recordar que, a partir de 2016, por decisión de Nicolás Maduro se aprobó la activación del Arco Minero del Orinoco, donde se dispuso la totalidad de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales, como el oro, cobre y coltán, entre otros. Disposición que ha puesto en peligro la biodiversidad de la Amazonía venezolana, la vida de las comunidades indígenas de la zona y causado redes de corrupción, trata de personas, esclavitud y ausencia de control judicial.  Situaciones que han sido reseñadas y denunciadas en varias oportunidades por organizaciones no gubernamentales, internacionales, líderes políticos nacionales e investigaciones de medios. 

En palabras de la ONU existen grandes violaciones a los DDHH en el Arco Minero

El mencionado informe destaca por evidenciar las problemáticas sociales y la conflictividad que se vive en la región, la explotación y violación sistemáticas de los derechos humanos de miles de trabajadores informales, quienes se han visto empujados a estas actividades dadas la crisis económica o por la cercanía que tienen sus sitios de origen con estos territorios, como sucede con gran cantidad de comunidades indígenas. Se denuncia expresamente la“existencia de actividades mineras que permanecen bajo el control del crimen organizado o individuos armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión”.

Realidad que se ha construido desde hace aproximadamente 8 años, tiempo en que se ha agudizado paulatina y negativamente la situación y las mafias lograron mayor auge y control; básicamente coexisten estructuras de orden paralelo al sistema judicial del Estado Venezolano, representadas en lo que se conoce como “sindicatos” y “jefaturas”, junto con fuerte presencia militar. Contexto que lejos de lograr el ansiado objetivo público de Maduro en 2016 de “convertir la explotación del oro en un eje estratégico para la generación de riqueza en el país, que sustituya de manera progresiva el modelo rentista petrolero impuesto por los gobiernos de la IV República”, es origen de conflicto, corrupción, tráfico ilícito y reiteradas violaciones.

Otros síntomas de esta enfermedad

Ahora bien, aunque estos son los elementos centrales del informe, hay otros tantos que no se destacaron claramente, como la casi inexistente seguridad sanitaria. Se sabe que incluso si al menos la integridad física de los miles de personas que allí conviven pudiera conservarse, se enfrenten otros riesgos de salud muy altos. Los índices de malaria, paludismo y chikungunya representan en épocas del año una de las principales causas de muertes en algunas zonas y los brotes tienen los números más elevados de todo el país.  

A lo que suman los grandes daños cometidos contra el medioambiente, de los que la naturaleza tardaría una centuria en recuperarse e incluso algunos son irreversibles; la erosión de suelo, la contaminación del agua, que conlleva a la muerte de muchas especies animales y produce la inutilidad de la misma, la tala y la quema de los bosques para despejar el suelo, etc.

Un químico muy utilizado y altamente nocivo es el mercurio, miles de litros de esta sustancia tóxica se vierten a diario en los ríos del estado Bolívar, contaminando peces y sembradíos, lo que genera un posible consumo humano y a futuro un alto riesgo de malformaciones en recién nacidos, y problemas neurológicos en los pobladores quienes inhalan el vapor generado por su calentamiento para separarlo del oro.  

Toda esta situación ha sido promovida y generada bajo la mirada silente y partícipe del régimen, lo que supone ignorar principios legales y de otras índoles. Pero principalmente aquellos establecidos en la Constitución venezolana vigente, por ejemplo, el art. 129 establece la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas, y el art. 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas. Criterios que han sido violados reiteradamente y generado otros problemas de mayor envergadura.

El Arco Minero del Orinoco, representa una de las fuentes de riquezas más grandes del Estado venezolano, y el desperdicio y robo indiscriminado que allí se genera, es la violación y robo directo a todos los venezolanos. Además de un profundo desprecio por este suelo, estas tierras y su gente.

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