Alternativas no democráticas

Según la investigación de Human Right Foundation, 94 países viven bajo regímenes no democráticos, lo que significa que 3,97 mil millones de personas (el 53% de la población mundial) se encuentran bajo tiranías, monarquías absolutas, juntas militares o regímenes autoritarios competitivos. Es decir que estos sistemas fundamentados en el principio de autoridad, donde el poder se concentra en manos de un líder o de una elite pequeña, estadísticamente son uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. 

Foto: Composición Todos Ahora

Pero esta situación no es producto del azar. Si bien los lideres autocráticos (asociados a los regímenes dictatoriales) son discursivamente los menos populares, bajo el contexto de las palabras de Otto Herma Kahn “el mayor enemigo de la democracia no es la autocracia, sino la libertad desenfrenada”, este estilo de liderazgo toma mayor relevancia y aparente eficiencia en situaciones de crisis. 

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Por eso, en momentos como los que se viven en la actualidad, en medio de una pandemia por la COVID-19 que ha generado una de las mayores crisis a nivel mundial y que ha afectado a todos los ciudadanos hasta en las necesidades más básicas, sin excepciones, sumado a las promesas incumplidas de la democracia que señala alguna vez señaló Norberto Bobbio se prevé un fortalecimiento de los autoritarismos y un debilitamiento de las democracias.  

La no discriminación

Al ser la política una forma de resolver los conflictos sociales, la democracia consiste en hacer esto a través de la toma de decisiones legitimada por una base racional, con la intervención de la mayor cantidad de ciudadanos en diferentes momentos; pasando por la identificación, selección de conflictos, debate y discusión de posibles soluciones. En otras palabras, la democracia requiere pluralidad, deliberación y decisión, pero ¿qué debería existir un límite entre tanta diversidad? ¿Realmente están todos los ciudadanos calificados para tomar decisiones políticas?

La respuesta no debería apuntar hacia la reducción de los avances en tema de derechos políticos, ni hacia la discriminación de los electores, porque constitucionalmente la igualdad ante la ley nos faculta a todos en la misma medida. Quizá debamos preguntarnos entonces si es necesario ampliar las regulaciones que habilitan a los posibles candidatos que pretenden ejercer un rol dentro de las funciones de gobierno. Si bien todos podemos elegir, quizá no todos debamos poder ser electos, y esto no debe ser considerado discriminación sino una medida de control para evitar fracasos como los que experimenta Venezuela en la actualidad. 

Por: Elina Guerrero

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