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Justicia a la medida para perseguir y encarcelar diputados

Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela

Autor: Transparencia Venezuela – www.transparencia.org.ve

El uso de la justicia para arremeter contra la disidencia, en especial contra los parlamentarios opositores, tiene su punto de mayor profundización en los más recientes casos de los diputados Juan Requesens y Julio Borges.

“El bufete de abogados del gobierno” es la frase que muchos dirigentes usan para referirse al Tribunal Supremo de Justicia por la facilidad que tiene el máximo juzgado de accionar respondiendo a los designios presidenciales. Es una práctica que tiene por lo menos ocho años, desde la gestión del fallecido Hugo Chávez, y que se ha acentuado durante el mandato de Nicolás Maduro.

Y es que desde 2010 los magistrados han reacomodado el contenido del artículo 200 de la Constitución Nacional, que establece la inmunidad parlamentaria como una garantía de los diputados para su desempeño autónomo frente a otros poderes y también sanciones contra aquellos que atenten contra esa prerrogativa. Las reinterpretaciones han seguido en el tiempo, al punto de ajustar la norma para despojar de sus derechos incluso a los diputados principales, quienes son objeto de persecución judicial como ciudadanos comunes y no como funcionarios de alto nivel.

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